Propuesta 34. ¡La ciudad no es botín privado!

Propuesta 34. ¡La ciudad no es botín privado!

Tomado de: ProgramaPais

Asegurar la función social y ambiental del suelo urbano para el derecho al disfrute pleno de la ciudad como espacio público. Impulsar una vivienda digna garantizando la universalidad de los servicios urbanos: agua potable, alcantarillado, manejo de desechos sólidos y energía.

El sostenido crecimiento de la población  urbana  que caracteriza al país desde los años sesenta del siglo pasado generó un desarrollo urbano desordenado, sin planificación, regulación ni control; con carencias en las prestaciones de servicios básicos y con profundas asimetrías territoriales (barrios de extrema riqueza y barrios de extrema pobreza). La segregación urbana excluyó a grandes sectores populares del acceso a la vivienda y a un hábitat seguro, debido a prácticas inmobiliarias especulativas que optimizaron rentas a través de la incorporación irracional de suelo. La falta de una planificación urbana provocó también el desconocimiento a las diversidades sociales, culturales y territoriales; la exacerbación del individualismo y el consumo y una fragmentación de las ciudades.

Ejercitar el derecho a la ciudad implica construir una propuesta política para reivindicar la posibilidad de que la gente vuelva a ser dueña de la ciudad y hacer de la ciudad el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva. El suelo es determinante para el mejoramiento de la calidad de vida y una importante herramienta de gestión pública, pues las condiciones para la  localización de las actividades humanas, el acceso y la producción de rentas asociadas al suelo afectan al conjunto de la sociedad.

Para mejorar la calidad de vida en las localidades, bajo el mandato del derecho a la ciudad, es necesario avanzar en el control del crecimiento urbano a fin de evitar las ciudades dispersas y para optimizar los rendimientos de las ciudades existentes. Es importante el fortalecimiento de la autoridad local para el control del uso especulativo del suelo sea por sectores inmobiliarios como por traficantes de tierra. Debemos propender al  equilibrio entre espacios verdes y espacios edificados; avanzar en la recuperación y uso del espacio público; dotar a las ciudades de programas de financiamiento para la recuperación y promoción de sus patrimonios, así como potenciar la conciencia ciudadana del rol de las ciudades en los ecosistemas.

Es necesario recuperar los espacios públicos, controlar la contaminación, fortalecer la identidad de las ciudades y dotarlas de servicios básicos amigables con la naturaleza. Una visión integral del espacio público debe incluir necesariamente las áreas naturales de protección y las áreas verdes urbanas que son indispensables para garantizar la sustentabilidad de las ciudades.

Dignificar la vida de quienes habitan la ciudad tiene que ver con la realización de los derechos. La revolución urbana contempla la construcción y visión de ciudades que garanticen el acceso universal a una vivienda digna con todos los servicios básicos y de calidad. La universalización de los servicios debe incluir agua potable, alcantarillado, recolección de desechos y electricidad para superar las brechas que aún existen entre los sectores urbanos y rurales. La revolución urbana debe garantizar la equidad en los territorios.

La prestación de servicios de agua potable y alcantarillado son competencias de los GADs municipales pero representan una prioridad nacional. Es necesario establecer una política nacional que permita ampliar la cobertura de estos servicios básicos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
• Seguir combatiendo las invasiones de tierras y la creación de barrios ilegales en zonas no habitables. Recuperar los barrios ya instalados de las manos de los traficantes de tierras retomando el control del espacio público y la pertenencia del suelo por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Reubicar barrios instalados en zonas en peligro frente a riesgos naturales.

• Establecer políticas que permitan la redistribución de la renta asociada al uso del suelo para el logro de una mayor equidad e inclusión.

• Regular el mercado del suelo. Intervenir con políticas públicas para evitar factores que incrementan la exclusión, la segregación socio-espacial, el deterioro ambiental y las precarias condiciones de habitabilidad. Generaremos una oferta de suelo que permita regular el mercado en la ciudad y su entorno.

• Garantizar el acceso al suelo urbano y a la vivienda digna, particularmente en  los sectores más pobres de la población.

• Aportar, en acuerdo con los GADs, a la configuración de nuevas centralidades en las ciudades, con dotación de equipamientos urbanos, de salud, educación y recreación para democratizar el acceso de la ciudadanía a estos servicios.

• Priorizar la creación y fomento de espacios públicos equitativamente distribuidos e incluyentes como parques, centros comunitarios y bibliotecas.

• Incrementar la inversión del gobierno central y los gobiernos locales  para la dotación de servicios de agua potable, alcantarillado, recolección de desechos y de electricidad, procurando cerrar la brecha urbano – rural. Garantizaremos  gradualmente la cobertura del servicio de alcantarillado mediante redes y conexiones en áreas urbanas, sub urbanas y rurales bajo el principio de equidad territorial.

• Asegurar la recolección de basura y un eficiente manejo de los residuos sólidos que permitan la reducción de los desechos, el reciclaje y la reutilización.Promocionar procesos de tratamiento ecológico, biodegradables de desechos sólidos y aguas servidas, acompañados de programas de educación ambiental.

• Promover el consumo eficiente de todos los recursos.

• Garantizar el cierre técnico de botaderos y construcción de nuevos rellenos sanitarios.

• Impulsar el desarrollo de ciudades inteligentes con el fin de incrementar la eficiencia energética y la productividad, y mejorar los problemas de movilidad y la descentralización de los servicios.

•  Construir un ambiente libre de contaminación que vele por la salud de la ciudadanía y el desarrollo de sus capacidades, mediante la regulación de las emisiones contaminantes.