De cómo una ley, de ser correctamente aplicada, podría cambiar para
siempre el Estado, eliminar la mayor parte de las colas, los gestores,
los requisitos y la burocracia, simplemente haciendo lo obvio:
interconectando los entes públicos entre sí para que compartan la
información entre ellos, para que no tengas que buscar la solvencia
laboral, el RIF, la partida de nacimiento, las notas certificadas, el
acta de matrimonio y tantos otros requisitos en lugares distintos. Y lo
mejor: se hará con Software Libre. José Sosa, presidente del CNTI, nos
explica cómo se hará todo esto.
Texto: Luigino Bracci Roa, Alba Ciudad
Lo hemos vivido en carne propia: para sacar un título, inscribirse en
la universidad, sacar la cédula del niño, pedir una constancia,
solicitar la pensión de la abuela, pagar impuestos, viajar o sacar la
solvencia laboral. La lista de requisitos es grande: cédula, RIF,
partida de nacimiento, fe de vida, notas certificadas, solvencias,
títulos. Y no te queda otra sino pararte a las 3 de la mañana, hacer
largas colas, pagar a algún gestor o viajar al pueblo donde vivías hace
30 años. Cuando llevas 4 horas en una larga cola, es inevitable pensar:
“¿es que los entes públicos son enemigos unos de otros? ¿Están peleados?
¿Por qué mi universidad no puede conectarse al Ministerio de Educación y
leer mis notas certificadas desde allí? ¿Por qué no descargan mi
partida de nacimiento desde el SAIME? ¿O mi RIF desde el Seniat? ¿O se
conectan a la alcaldía y le piden mi constancia de residencia? ¿Por qué
tengo que hacer esto yo? ¿No es trabajo de ellos? Si todos usan
computadoras, ¿por qué no están interconectados? ¿Por qué no comparten
la información entre sí?”
La Ley sobre el Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los órganos del Estado, mejor conocida como Ley de Interoperabilidad,
fue una de las 11 leyes aprobadas por el Presidente Chávez a través de
su Ley Habilitante el 15 de junio. Y busca justamente resolver esos
problemas usando software libre y estándares abiertos, en un proceso que
afectará a 3 mil entes públicos y que sin duda será largo, pero que
deberá traer una vida mucho más cómoda al pueblo venezolano a la hora de
efectuar diligencias.
Entrevistamos el pasado viernes a José Sosa, una de las personas que
trabajó más duro en esta ley, propuesta por los ministros Jorge Arreaza y
Ricardo Menéndez. Sosa es presidente del Centro Nacional de Tecnologías
de Información (CNTI) y el Centro Nacional de Innovación Tecnológica
(Cenit), ambos antes adscritos a Ciencia y Tecnología. En el programa
“Cópiate esta Radio” de Alba Ciudad, Sosa nos explicó que la ley busca
“que los procesos que se realizan en cada institución no requerirán en
el futuro de información que le se solicite a los ciudadanos, sino que
la pueden obtener de aquellas instituciones que la generaron. El efecto
de la Ley de Interoperabilidad en el tiempo será la simplificación de
los trámites administrativos, la reducción de la cantidad de requisitos
para cada trámite y la transparencia en los procesos de la gestión
pública”. Se espera reducir la corrupción en muchos casos, al eliminar
los gestores.
“El tiempo que pierde la gente para hacer cualquier trámite en el
Estado se debe a los otros trámites que deben hacer para obtener los
requisitos que se piden. Eso a veces significa colas, gestores,
taquillas, problemas, retrasos, etcétera. Estos requisitos sobrecargan
al ciudadano con mucho trabajo, que debería corresponder a las propias
instituciones públicas”, indicó.
Sosa dio numerosos ejemplos de como esta Ley, una vez implementada,
cambiará la vida de los venezolanos al evitar que el Estado dejen de
pedirnos papeles o solvencias que otros entes del Estado tienen
almacenada.
“Por ejemplo, casi todos los trámites que tienen que ver con empresas
solicitan la solvencia laboral, que la emite el Ministerio del Trabajo.
Si tenemos interoperabilidad, todas las instituciones públicas que
hacen alguna gestión con empresas podrían tomar las solvencias laborales
directamente del MinTrabajo en formato electrónico, a través de un
mecanismo estándar. Eso significa que no se le va a solicitar la
solvencia a las empresas; sólo se les solicitará estar solvente, es
decir, hacer sus pagos a tiempo en el MinTrabajo, Inces, Banhavit, etc.”
“Cosas como el nombre completo, el apellido y ese tipo de datos se
requieren en la totalidad de las planillas electrónicas que se llenan
por Internet para cualquier trámite. No tiene sentido preguntar nombres y
apellidos vez tras vez, cuando el propio SAIME te puede dar toda esa
información con solamente el número de cédula de identidad. Quienes han
viajado en avión, saben la cantidad de planillitas que hay que llenar
una y otra vez, y siempre se tiene que colocar la misma información. Son
las cosas que se pueden resumir simplemente facilitando a las
instituciones a que intercambien la información de manera electrónica”.
Compartir la información entre entes del Estado
La interoperabilidad no plantea que todos los entes públicos unan sus
bases de datos en un sólo lugar, sino la creación de una plataforma
tecnológica que permita a cada institución el intercambiar su
información con otras instituciones públicas. “Se instrumenta ese
intercambio a través de la definición de estándares”, es decir, el
lenguaje común que deben utilizar todas las instituciones públicas para
intercambiar información entre sí.
La ley exige el uso de estándares abiertos, que no están
atados a una empresa o producto comercial en particular, y pueden
usarse libremente sin el pago de regalías o licencias. Igualmente, exige
el uso de software libre para la plataforma de interoperabilidad,
siendo la primera ley que así lo exige, específicamente en su artículo
35.
Al respecto, Sosa dijo que “es que no podría ser de otra
forma. La única manera en la que puedas controlar y garantizar el
acceso y la apropiación del conocimiento, y el garantizarle a todas las
instituciones públicas que aprendan a utilizar esta tecnología, es que
las tecnologías sean libres y los estándares sean abiertos. Cualquier
decisión que vaya en contra de eso sería perjudicial para el propio
Estado y para el logro del objetivo”.
La ley también plantea el uso de firmas digitales y
otros medios informáticos para lograr que el documento físico o en papel
sea, en la mayor parte de los casos, innecesario.
Privacidad
Sobre temores con la privacidad de los datos de las personas, Sosa
explicó que “no se decreta que la información de las personas vaya a ser
pública. Eso es un tema completamente diferente, que tiene que
manejarse a nivel de la Asamblea (Nacional)”.
“Hay información que sólo puede ser utilizada por ciertas
instituciones públicas; por ejemplo, hay información confidencial que
sólo puede ser utilizada por órganos de seguridad del Estado”. Indicó
que “no todo tipo de información puede ser intercambiada. Depende de
quién la está solicitando y para qué, siempre respetando la integridad
moral y física de las personas. Habrá datos que sólo ciertas
instituciones puedan compartir o utilizar”.
Sin embargo, fue claso en indicar que “todas las instituciones públicas están en obligación de intercambiar la información”.
Dos años para comenzar
Está planteado un período de tiempo en el cual se
establezcan los estándares y plataformas tecnológicas, y dentro de dos
años (contados desde la publicación de la ley), las instituciones
estarán en la obligación de comenzar el intercambio de los datos.
La ley plantea un comité estratégico a nivel de alto
gobierno, presidido por un representante del Vicepresidente, “que
indicará las políticas de cómo aplicarse la interoperabilidad a nivel
nacional. La Ley se aplica en toda la administración pública nacional,
estadal y municipal, además de todos los poderes públicos”, explicó
Sosa. “Al tener ese nivel, cualquier conflicto entre dos instituciones
por el intercambio de algún dato se dirime a nivel de Vicepresidencia y
de ese comité”. Cuando existan problemas del punto de vista legal sobre
si se puede compartir determinado dato, el comité estratégico tomará las
decisiones.
A nivel táctico, el Ministerio de Ciencia y Tecnología definirá cómo se implementarán los proyectos.
Operador de interoperabilidad, por definirse
Además de eso, la ley define que un ente del Estado, denominado “operador de interoperabilidad”, se encargará de la ejecución de los proyectos, gestionar la plataforma tecnológica y los procedimientos para compartir los datos.
Aún no se ha definido cuál ente será el operador de
interoperabilidad. “A partir de la promulgación de la ley, comenzamos a
trabajar para la formulación de todos los proyectos para buscar el
financiamiento para la procura de la plataforma tecnológica y para todos
los desarrollos que venimos haciendo desde el año pasado, relacionados
con interoperabilidad. Luego de de que eso esté definido, será la
potestad del Presidente definir cuál ente será operador de
interoperabilidad, o si se creará uno nuevo”.
Para la interoperabilidad, las instituciones públicas no harán
convenios bilaterales, sino con el operador de interoperabilidad. “El
Estado venezolano tiene más de 3 mil instituciones públicas… si exigimos
que firmen convenios todas contra todas, habría que firmar millones y
millones de convenios. Con un operador intermediario con quienes se
firmen los acuerdos, éstos se firmarán con una sola institución, y sólo
habrá un lugar donde buscar la información, independientemente de que
ese lugar busque la información en otra parte”.
En cuanto a la ayuda que se brindará a las instituciones para crear
las aplicaciones de interoperabilidad, dijo Sosa que “se van a comenzar a
generar soluciones de uso general. Probablemente cada institución
tendrá que desarrollar una parte específica de la incorporación de sus
sistemas a la plataforma de interoperabilidad, pero ya comenzamos el año
pasado a abrir cursos sobre interoperabilidad a nivel gerencial y
decisor. Hemos desarrollado ‘cayapas’ técnicas en las que técnicos y
programadores de varias instituciones han promovido ideas sobre
interoperabilidad. Incluso ya existen algunas soluciones interesantes en
algunos entes, como el Ministerio de Salud, Saime, el Servicio Nacional
de Contratistas, Seniat, etc. Estas soluciones son muy rápidas de
desarrollar y requieren una formación tecnológica que es fácilmente
manejable. Estamos preparando el material instruccional y pedagógico
para los cursos, como los planes para llevar adelante estos cursos de
manera casi inmediata”.
Deberán acatar
Le preguntamos si podría haber casos de instituciones que se nieguen a
instituciones que se nieguen a intercambiar información, o a usar
software libre y estándares abiertos. “Seguramente se presentarán casos,
pero cuando el comité estratégico tome decisiones en ese tipo de
conflictos, las instituciones estarán en la obligación de acatar”, y
este ente tiene nivel de competencia sobre todas las instituciones
públicas.
Independientemente de lo que estén usando internamente las
instituciones, “los desarrollos de interoperabilidad y los protocolos de
intercambio de información sólo pueden ser abiertos, y los sistemas
deben ser libres. Cuando se desarrolle o actualice una plataforma
tecnológica para establecer intercambio de información, cada institución
tiene que apegarse a las condiciones técnicas del intercambio y no a
las condiciones de la institución”.
Recalcó Sosa que “todas las personas que han leído la ley han
entendido la importancia que tiene. Es uno de los primeros pasos para
dar una optimización real y efectiva del gobierno y del Estado
venezoalno. Vendrán nuevos pasos, pero éste tendremos que cumplirlo de
manera cabal y completa pues tendrá un impacto grande e importante en
toda la población venezolana”.